Por cada funcionario muerto en enfrentamiento fallecen 39 civiles

REFORMA. LA PROBABILIDAD QUE UN CIVIL MUERA ES DE UN 97,5%

Por cada funcionario muerto en enfrentamiento fallecen 39 civiles

Según la Conarepol, en muchos de los enfrentamientos esclarecidos son homicidios intencionales. Desde el 2000, los casos subieron. En cinco años asesinaron a 2.114 civiles.

El 70,12% de las personas no coloca denuncias. La negativa es por temor a represalias. La policía del Zulia tiene uno de los peores índices de violación al derecho a la vida.

Texto: Keila Vílchez

Los “supuestos” enfrentamientos policiales o resistencias a la autoridad ocurridos, en los últimos 10 años, entre funcionarios y civiles muestran la desproporción entre el número de víctimas, que ha dejado cada caso.

El número de víctimas, según la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol), en cinco años (2000-2005) llegó a 2.114 personas muertas.

Incluso, en muchas de las averiguaciones legalmente esclarecidas se corrobora que no fueron enfrentamientos sino homicidios intencionales.

Casos de enfrentamientos

Marcos Morales, el hermano de Moisés Morales, de 22 años, quien fue asesinado el 28 de noviembre de 2003 en la urbanización San Jacinto, por funcionarios de la Policía Regional, declaró a este rotativo el 25 de noviembre de 2003: “Los vecinos me informaron que mi hermano les pidió de rodillas que no le dispararan y le pagaron tres balazos. Ahora que lo buscamos en la morgue le contamos 11 impactos. Creemos que la policía abusó y se ensañó”.

La historia de los Morales es sólo una de las denuncias que recibe el Ministerio Público, de casos similares.

Las cifras que reseña Conarepol, ya desintegrada, en La policía venezolana desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio (tomo I), uno de los tres libros editados por la comisión, reflejan que los casos de enfrentamientos con cuerpos policiales han aumentado.

Además, los números que maneja la policía científica difieren con las denuncias colocadas ante el Ministerio Público, pues este último tiene a más funcionarios involucrados, en este tipo de situaciones.

Entre el año 2000 y 2001, los muertos, por esta causa, alcanzaban 642 y entre el 2003-2004 la cifra bajó a 493 fallecidos.

Según el informe de Provea de 2005, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la probabilidad que muera un civil en un choque armado es de 97,5% y para los funcionarios es de 2,5%.

Derecho a la vida

El derecho a la vida está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sin embargo las violaciones a este precepto son cada vez más frecuentes. Ejecuciones, uso excesivo de la fuerza, torturas, allanamientos ilegales y amenazas se evidencian en los cuerpos de seguridad del país.

Las estadísticas de la Conarepol revelan que en las denuncias de asesinatos cometidos por uniformados, la mayoría de los involucrados son funcionarios de las policías preventivas regionales, con el 57%. Las policías señaladas, de tener los peores índices de violación al derecho de vivir son: Portuguesa, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, Bolívar, Policía Metropolitana (PM) y Zulia.

En la entidad zuliana, en el año 2000, se registraron 17 casos y sólo era superada, en este reglón, por la PM, con 25. Y para el 2002 sólo fue rebasada por la Policía Regional del estado Portuguesa.

A pesar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es el organismo que menor denuncias tiene, la Conarepol reseña, en el libro, con inquietud: “De igual forma, se hace cada vez mayor el número de denuncias contra el Cicpc, preocupante si adicionalmente comparamos el número de funcionarios de este organismo, con el volumen de víctimas que se le atribuye”.

Ante estos casos las familias involucradas, cuando existe un abuso policial o algún acto delictivo, prefiere cerrar la posibilidad de la denuncia. Así lo evidencian las encuestas de victimización que realizó la comisión, en la que el 70,12% de las víctimas no colocó la denuncia ante las autoridades policiales.

Sólo el 29,88% se atrevió a decir lo sucedido. ¿Las razones? En la mayoría de los casos el argumento es el temor a represalias. Además, aseguraron que las autoridades no tomarían en cuenta la denuncia.
Texto: Keila Vílchez